By Kate Beioley
Argentina Independent

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An unprecedented trial took place in Cordoba [Argentina] yesterday to prosecute two agricultural workers for environmental contamination in the area.

Two men have been sentenced to three-year prison terms for use of the agrochemicals endosulphin and glyphosate in the barrio of Ituzaingó Anexo. Rural producer Francisco Parra and the person responsible for the chemical application, Edgardo Pancello, were sentenced yesterday in the Cordoba Criminal Court. Producer Jorge Gabrielli was acquitted in the same hearing.

The trial, which began two months ago, brings to a close a ten-year struggle against the impacts of spraying in the local community. So far, 200 cases of cancer have been discovered in the barrio, 100 of these fatal. In a survey of 142 children, 114 had traces of agrochemicals in their bodies.

The court deliberated yesterday for nine hours before delivering a verdict of  a suspended sentence of three years in prison for both Pancello and Parra. The men are being prosecuted for two cases of fumigation in 2004 and 2008 which contravened Cordoba’s Agrochemical Law Nº 9164.

The law prohibits the spraying of endosulphin and glyphosate within a radius of 1,500 and 500 metres of urban populations. Parra and Pancello are accused of spraying within the barrio of Ituzaingó Anexo, putting the population at risk of severe health impacts.

Both men have had their licences to work with agrochemicals removed as a result of the trial. Parra will be forced to undertake ten hours a week of community service and will have his licence removed for “eight years for the use of agro-chemicals.” Pancella, who was flying the plane spraying the chemicals will be unable to work for ten years and will also be forced to undertake community service.

Parra’s lawyer, Juan Manuel Aráoz said yesterday that they are likely to appeal the decision. He said that while they are awaiting the grounds for the decision, to be released on 4^th September, they will probably appeal the decision

“taking into account the fact that this crime is authorised by the National Food and Health body as well as other national organisations.”

Pancello’s lawyer claimed he saw

“no serious argument which destroys the presumption of innocence of the client.”

The lawyer for the plaintiff group, Miguel Martinez, said yesterday that people should understand that “people had been fighting for twelve years,” though said he recognised the value of the precedent for this type of case. It is the first time that those responsible for polluting the environment with agrochemicals are prosecuted.

“This trial will be punishing as a crime something which was previously only considered a failure,” said Martinez.

The community struggle against the impacts of agrochemicals resulted in the creation of the Madres de Ituzaingó. Founder Sofia Gatica said yesterday she has “nothing to say”

“Who will return us the health of our children?” she said.

The municipal government in Cordoba had already declared the population in the barrio of Ituzaingó Anexo in a health emergency. The case was elevated to the courts when it was discovered the area was contaminated with a lethal cocktail of chemicals.

 

Source: Argentina Independent | Featured image: Protesters (Source: Los Andes)

 

 Por el personal
Los Andes

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Por unanimidad y luego de más de 9 horas de deliberaciones, el tribunal condenó a Jorge Parra, propietario del campo, y al piloto Edgardo Jorge Pancello a tres años de ejecución condicional y decidió absolver al productor Jorge Alberto Gabrielli.

Miércoles, 22 de agosto de 2012. Dos condenas y una absolución en el primer juicio por el uso de agroquímicos en Córdoba

La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba impuso dos condenas de ejecución condicional y una absolución, en el marco del juicio que se seguía a tres imputados de contaminar mediante el uso de agroquímicos.

El tribunal, por unanimidad y luego de más de nueve horas de deliberaciones, condenó a Jorge Parra, propietario de un campo cultivado con soja, próximo al barrio Ituzaingó Anexo, a tres años de prisión de ejecución condicional.
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A Parra lo encontraron autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos (Nº 24051), en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, y, por mayoría, por otro sucedido en 2008.

Los camaristas también dispusieron que, durante cuatro años, Parra deberá cumplir como regla de conducta

“diez horas semanales de trabajo no remunerado”,

a favor

“del estado o de instituciones de bien público, vinculadas a la salud”,

al tiempo que quedó inhabilitado

“durante ocho años para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”.

Asimismo, los vocales Lorenzo Rodríguez, Mario Capdevilla y Susana Cordi Moreno, por mayoría, condenaron al piloto Edgardo Jorge Pancello a tres años de ejecución condicional por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.

Los camaristas también resolvieron que, durante tres años, Pancello, que fue inhabilitado durante diez años

“para el ejercicio de la actividad de aplicación de productos agroquímicos”,

deberá realizar trabajos comunitarios no remunerables durante ocho horas semanales,

“a favor del estado o de una institución de bien público dedicada a la salud”.

Mientras tanto, el tribunal absolvió al productor Jorge Alberto Gabrielli, tal como había pedido el fiscal Marcelo Novillo Corbalán en el momento de efectuar sus alegatos por considerar que faltaban pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia.

Luego de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, cuyos fundamentos serán brindados el 4 de septiembre, el fiscal dijo a Télam:

“quedo conforme en cuanto al encuadramiento: se comprobó que la fumigación, en las condiciones socioambientales en que se encontraba el barrio, puso en peligro la salud humana”.

Novillo Corbalán, quien destacó que

“se cumplió el objetivo de mínimo”,

agregó que no recurrirá la sentencia, pese a que él había requerido cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para Parra y tres (también de forma efectiva) para Pancello.

“Ocurre que, en forma subsidiaria y para el supuesto de que no se establecieran penas de cumplimiento efectivo, nosotros habíamos pedido la aplicación de reglas de conducta, tal como resolvió el tribunal”,

recalcó el fiscal.

En cambio, Juan Manuel Aráoz, abogado de Parra, anticipó que, si bien hay que esperar a conocer los fundamentos del fallo, recurrirá la sentencia

“teniendo en cuenta que se considera delito una actividad autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y por otros organismos nacionales”.

Mientras tanto, el abogado de Pancello, Alejandro Pérez Moreno, subrayó que se sentía “vencido”, tras lo cual señaló:

“entiendo que no hay ningún argumento serio que destruya la presunción de inocencia de mi cliente”.

Antonio Martínez, abogado de la parte querellante, expresó que había que

“entender a la gente que viene luchando desde hace 12 años”

y que tal vez esperaba penas de ejecución condicional, no obstante lo cual destacó

“el valor del precedente que se sentó”.

Una de las impulsoras de la causa, Sofía Gatica, vecina del barrio Ituzaingó Anexo, apenas conoció la sentencia dijo:

“no tengo nada que decir”,

tras lo cual, junto a otras mujeres del barrio, gritó:

“¿quién nos devuelve la salud a nuestros hijos?”.

Desde anoche, en las inmediaciones de Tribunales II, sede ubicada en el barrio Observatorio de la capital cordobesa, se congregaron vecinos del barrio Ituzaingó, así como militantes de organizaciones ambientalistas y políticas para esperar el fallo.

Los hechos juzgados por el tribunal ocurrieron cuando la Municipalidad de la ciudad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes.

Según la acusación, en las fumigaciones realizadas sobre los campos ubicados en la inmediaciones de barrio Ituzaingó se utilizó endosulfán y glifosato, en violación a la Ley de Agroquímicos de Córdoba N° 9164, que prohíbe la aplicación aérea de dichos productos agroquímicos en un radio menor a los 1.500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas, respectivamente.

 

Fuente: Los Andes